Los argentinos consideran que la libertad económica es una libertad selectiva que solamente beneficia al empresario al dejarle las manos libres para hacer lo que quieren en beneficio propio.

Forma parte de la idiosincrasia nacional tener una opinión negativa sobre las empresas privadas y los empresarios que las gestionan. Se considera que son la representación del mal por su responsabilidad en la explotación laboral y la apropiación de ingresos que no les corresponde.
Una amplia mayoría de argentinos considera que las empresas son enemigas de los trabajadores y del bien común dado que favorecen indebidamente a sus titulares a partir de la utilización de su poder económico. Están convencidos que cuando las actividades productivas se organizan a partir de la actividad privada, la libertad económica y el mercado siempre termina en un abuso de los empresarios sobre los trabajadores. Por esa razón, reclaman y presionan para que el Estado limite la libertad económica de las empresas ya que sin su intervención no hay posibilidad de establecer un sistema económico igualitario, democrático y justo.
Los argentinos, aunque no siempre lo expresen públicamente, consideran que la libertad empresarial es una libertad selectiva que solamente beneficia al empresario al dejarle las manos libres para hacer lo que quieren en beneficio propio. Esa libertad empresarial –afirman– siempre se traduce en imponer sus intereses en el mercado, subir los precios de los bienes, manipular a los consumidores, quedarse con los ingresos correspondientes al trabajo, llevarse el dinero al exterior, contaminar el medio ambiente y presionar a los gobiernos para obtener prebendas, entre otras felonías que conducen al aumento de la pobreza, la evasión impositiva, el lavado de dinero y la monopolización de la oferta o la demanda.
Por todos los efectos negativos que atribuyen a la libertad empresarial, la gran mayoría de los nacionales comparten el ideario que el Estado debe supervisar, intervenir, regular y controlar las actividades que realizan los empresarios para que no cometan abusos y maniobras contrarias al bienestar social. Si bien pueden ser tolerantes con los pequeños cuentapropistas o emprendedores independientes tienen una gran desconfianza hacia los empresarios porque aseguran que siempre terminan perjudicando a sus empleados y a la economía social.
En el ADN nacional prevalece la creencia que las empresas privadas solo benefician a sus titulares y perjudica al conjunto social. Por lo tanto, dejar que organicen sus actividades en libertad, sin control e intervención del Estado es hacer la vista gorda y otorgarles una patente de corsario para explotar a los trabajadores, enriquecerse sin límite y evadir sus responsabilidades sociales. Es autorizar que los lobos se hagan cargo de un rebaño de ovejas.

La percepción negativa que se tiene de las empresas es una de las razones por las cuales la mayoría social reclama que el Estado les corte las uñas a las garras de los empresarios.

A partir de la mirada social que visualiza que los empresarios se llevan el dinero con pala –mientras los trabajadores viven en la miseria– un alto porcentaje de argentinos sostiene que deben ser vigilados y controlados de manera exhaustiva y, en muchos casos, limitar su libertad económica. Por ese motivo, los dirigentes políticos han promovido históricamente la sanción de una inmensa normativa jurídica para condicionar la libertad de las empresas, reducir su autonomía, controlar la relación con los empleados, fiscalizar sus inversiones , regular las habilitaciones, aumentar la carga impositiva, exigirle precios máximos y controlar la distribución de sus ganancias, entre una larga lista de regulaciones.
El Poder Judicial, avalando los mismos principios e idearios, sanciona permanentemente con fuertes multas, indemnizaciones y castigos a las empresas que despiden a sus trabajadores o realizan acciones consideradas contrarias al consumidor. Finalmente, los sindicatos combaten sin tregua a los empresarios por que los responsabilizan de los bajos salarios, de la miseria social o de la crisis económicas que padece el país.
Este accionar negativo hacia las empresas privadas no favorece a una economía que quiera desarrollarse y crecer en base a la libertad económica, el emprendedurismo y la propiedad privada. Esta conducta y políticas públicas contrarias a las empresas va a contramano de lo que sucede en los países emergentes y desarrollados. Esos países reconocen que en los últimos cien años –como consecuencia de las innovaciones y la potencia productiva de las empresas privadas– la riqueza mundial se multiplicó, las hambrunas desaparecieron, los precios de los bienes se redujeron, la industrialización y la tecnología impulsaron el crecimiento, las mayorías sociales pueden acceder a productos que antes no podían, los derechos de los trabajadores se han multiplicado, los beneficios sociales se han incrementado y los gobiernos recaudan elevados ingresos del sector privado. En todos esos países las empresas privadas se han convertido en una herramienta esencial para el progreso porque generan empleos, impulsan la innovación, invierten y satisfacen las crecientes necesidades de la sociedad.

En los países más desarrollados del planeta –desde los Estados Unidos, Finlandia, China, Canadá, Vietnam, Alemania hasta los Países Bajos– la empresa privada ha logrado impulsar las economías nacionales logrando que sus ciudadanos tengan una mejor calidad de vida.

No es que en esos países el Estado se haya hecho a un costado y sólo sea un espectador de lo que las empresas hacen. Por el contrario, el modelo de Estado que han establecido –más allá de que sean gobiernos liberales, conservadores o socialistas– tiende a que la administración estatal sea un aliado de la actividad empresarial privada. Por esa razón, las políticas públicas promueven, alientan y dejan a las empresas que produzcan con importantes márgenes de libertad. Lo hacen porque han aprendido que la empresa –cuando se la deja accionar con un importante margen de libertad y autonomía– tiene una capacidad infinita para crear, innovar, producir, competir y aumentar la cantidad de riqueza en beneficio de todos. Lógicamente ese dejar hacer a las empresas tiene sus limitaciones. En todos los países desarrollados se ha comprendido que la libertad económica de las empresas debe ser amplia, pero también que el Estado debe estar presente de manera activa para controlar los derechos de los empleados, el medio ambiente y los abusos que se pueden cometer sobre el mercado.
Teniendo presente esta realidad, seguir descalificando a priori a los empresarios y tenerlos siempre bajo sospecha por considerar que son responsables de gran parte de los padecimientos económicos no favorece a que las empresas sean el motor del crecimiento y el progreso. No es que los empresarios sean unos santos y estén libres de pecados. No se puede desconocer que existen empresarios corruptos, explotadores, evasores y manipuladores del mercado que se han enriquecido indebidamente. Esta clase de empresarios existen y seguramente existirán en el futuro. Sin embargo, no se puede generalizar como ocurre en nuestro país a punto tal de asociar a todos los empresarios como gente inescrupulosa y nefasta que debe ser erradicada.
Basta recorrer el pasado y el presente de nuestro país para encontrar a miles de empresarios que se esfuerzan, trabajan, invierten, generan empleos y arriesgan sus patrimonios colaborando con el crecimiento económico nacional. Empresarios que a pesar de ser denostados por sindicatos, gobiernos y dirigentes siguen apostando al país. Son empresarios que a pesar de las crisis económicas generadas por las políticas públicas, los embates sindicales, las presiones de los gobiernos y las denostaciones sociales no abandonan el barco. Son emprendedores que se ponen de pie después de cada fracaso para volver a empezar detrás de un nuevo proyecto. Es cierto que muchos empresarios no resisten tanto encono social y frustración económica por lo que abandonan el país o cierran sus emprendimiento. Pero la mayoría trata de resistir y se esfuerza para que su empresa pueda ser productiva y rentable.

Los empresarios son esenciales.

Los empresarios son una pieza fundamental en toda empresa. Son los que establecen sus objetivos, planifican sus procesos de producción, supervisan las actividades, gestionan y organizan los recursos humanos y materiales para lograr una rentabilidad. Las empresas –sean pymes o corporaciones– requieren de una gestión empresarial eficiente para lograr una meta exitosa. Por lo tanto, es un sin sentido o un infantilismo ideológico defender a las empresas como un factor relevante para la producción de bienes y al mismo tiempo descalificar a los empresarios por considerar que sólo se guían por intereses contrarios al bien común. No hay posibilidad de instrumentar una organización empresarial sin una gestión –individual o colectiva– que la dirija y gestione.
Existe una profunda simbiosis entre el empresario y la organización empresarial ya que son parte de la misma matriz o las dos caras de la misma moneda. Considerar que puede funcionar una empresa sin empresario es igual de absurdo de considerar que existe empresario sin empresa. Ambos forman una unidad.
La empresa es la organización económica donde confluyen recursos humanos y materiales para alcanzar un objetivo económico. El empresario es quien gestiona esa organización para lograr rentabilidad, innovación y productividad. No importa que sea cuentapropista, emprendedor o Ceo de una gran corporación. Su presencia es fundamental para gestionar una empresa. Por eso los países de mayor crecimiento apoyan a los empresarios y los estimulan para que inviertan, generen nuevas ideas y aumenten la riqueza para generar un mayor bienestar social.
Teniendo en cuenta lo que significa la empresa y los empresarios que la gestionan es necesario que los argentinos cambien el dogma y su visión negativa. Es esencial que la sociedad argentina reconozca la importancia relevante que tiene una organización empresarial y sus gestores para alcanzar el desarrollo social y económico del país. Solamente despojándose de la ideología anti-empresa y anti-empresarios la sociedad y las políticas públicas podrán ayudar a construir un sistema económico productivo, igualitario y justo que beneficie a todos los argentinos.