El Estado argentino necesita ser reformado profundamente para terminar con una estructura ineficiente, malgasta los recursos públicos, promueve la corrupción y cobija a las corporaciones sindicales y empresariales con prebendas que no le corresponde.

Un Estado requiere de una estructura y una organización que le permitan administrar los recursos humanos y materiales de la economía pública a fin de lograr sus objetivos institucionales, económicos y sociales. Con ese propósito es fundamental que el Estado no sólo logre el máximo de eficiencia en su organización y gestión administrativa, sino que además cuente con ingresos económicos que le permitan solventar su estructura y los proyectos que emprende. Esos ingresos provienen –en la mayoría de los Estados del mundo– de los aportes tributarios de los contribuyentes de la economía privada.

En el caso de Argentina la administración pública en todas sus jurisdicciones hace muchas décadas que no puede solventarse con los recursos aportados por los contribuyentes de la actividad privada. A pesar de la enorme presión tributaria sobre la sociedad el Estado nunca ha podido –salvo excepciones muy puntales– equilibrar sus cuentas públicas. Por lo tanto desde hace décadas ha tenido que apelar a créditos internacionales, emisión de bonos internos y –sobre todo– la emisión monetaria inflacionaria. Estos ingresos complementarios a los impuestos tampoco han sido suficientes para cubrir el gasto público, por lo cual nuestro país tiene un déficit crónico. 

La principal causa de que los recursos aportados por los contribuyentes y los créditos sean insuficientes para solventar el gasto del Estado argentino se debe sustancialmente a la constante expansión de la administración pública, impulsada por la matriz ideológica que promueve un modelo de Estado omnipresente para satisfacer todas las demandas sociales y llevar adelante cientos de objetivos políticos, económicos, sociales, culturales y financieros que no se pueden solventar.

La construcción de un modelo de Estado que esté presente en todos los espacios donde existen necesidades y reclamos sociales ha impulsado a los funcionarios políticos a implementar infinidad objetivos, proyectos y actividades que son meritorias pero que no pueden financiarse con recursos genuinos. 

El crecimiento exponencial del Estado argentino, en todas sus jurisdicciones, se puede apreciar en diferentes áreas, aunque por razones de espacio me limitaré a señalar los principales mojones de la administración estatal que inciden sobre el incremento del gasto público y el déficit. 

En primer lugar cabe mencionar el crecimiento sostenido de los empleados públicos en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales a nivel nacional, provincial y municipal. A pesar que todos los años se anuncia que no se realizarán nuevos nombramientos y se cancelarán los contratos temporales, el número de empleados públicos no deja de crecer. Resultado de ese incremento es que la burocracia estatal –sumada todas las jurisdicciones del país– supera los 3.500.000 empleados lo que representa cerca del 35% de la población económicamente activa. Esto implica no solamente destinar una importante partida dineraria para abonar salarios sino que también genera gastos como la compra de edificios para alojar a los nuevos empleados y el aumento de los insumos físicos que van desde el mobiliario hasta computadoras, medios de transporte, viáticos, viandas de alimentos y papelería, entre otros. Otra causa importante que impulsa el gasto público se produce al tener que solventar ineficientes empresas estatales. Detrás del argumento político que con esas empresas se defiende la soberanía nacional y se concretan objetivos que beneficia a la sociedad se trata de ocultar su ineficiencia operativa, su nula rentabilidad y actos de corrupción. Son empresas deficitarias que se han convertido en un refugio de sindicatos y empleados que ganan altos sueldos sin que eso se traduzca en buenos servicios ni productos de calidad. A solo título de ejemplo, se puede citar las deficitarias empresas Aerolíneas Argentinas, Trenes, AySA, Correo Oficial, Televisión Pública y Yacimientos Carboníferos Fiscales, que junto a otras tienen un déficit anual que supera miles de millones de dólares. Dinero que se podría invertir en otros objetivos públicos como salud, educación o seguridad que son necesarios mejorar. 

No menos relevante es el gasto que el Estado realiza para sostener un sistema jubilatorio público de reparto que es imposible de solventar con recursos genuinos. 

Desde hace mucho tiempo el sistema previsional argentino está quebrado, porque debe abonar jubilaciones, pensiones, servicios y remedios que no puede sustentar económicamente con los recursos del Tesoro ni con los aportes del sector trabajador. 

Es imposible que el Estado pueda afrontar el pago de jubilaciones y pensiones para aproximadamente 8 millones de jubilados con el aporte que realizan 13 millones de trabajadores en blanco. Ese aporte solo cubre el 50% del sistema provisional con lo cual los gobiernos deben apelar al Banco Central y a la emisión monetaria.

 Como si no fuera suficiente la existencia de un sistema previsional carente de recursos para solventar las jubilaciones asignadas ni para otorgar aumentos de haberes, los gobiernos nacionales y provinciales incrementan periódicamente el número de beneficiarios a una jubilación o pensión sin que hayan cumplido con los requisitos que marca la Ley. Esta política irresponsable ha determinado que solo el 30% de los jubilados actuales han pagado todos los aportes que le corresponden por 30 años de trabajo y, por otro lado, exista un millón y medio de personas que cobran una pensión por discapacidad por razones de salud o impedimentos físicos sin que hayamos atravesado ninguna guerra. Finalmente en el listado de las principales causas del déficit fiscal cabe resaltar que el gasto público que se produce por solventar, sin contraprestación alguna, a millones de personas de bajos ingresos, sin empleo o en situación de vulnerabilidad. Los gobiernos y legisladores durante décadas –en lugar de llevar adelante reformas al sistema económico que permita que la gente pueda vivir de su trabajo– optaron por subsidiar la pobreza y la indigencia social para ocultar su inoperancia para poner el país de pie. A través de los planes sociales, obras sociales sindicales, congelamiento de tarifas públicas y de subsidios, el Estado realiza grandes erogaciones dinerarias que crecen con cada protesta y demanda social. Detrás del reclamo de un Estado presente las organizaciones sociales, piqueteros, sindicatos y amplios sectores sociales exigen a diario que el Estado satisfaga sus necesidades y cumplan con los derechos que consideran que les corresponden. 

Sin lugar a duda que el crecimiento de empleados públicos, las empresas estatales deficitarias, los planes sociales y el sistema jubilatorio –sin ser las únicas causas– generaron un crecimiento exponencial del gasto público que dio como resultado la construcción de un modelo de Estado deficitario, inflacionario, endeudado, ineficiente para gestionar y supernumerario en cantidad de empleados. 

Cabe aclarar que el crecimiento de la administración pública no es en sí mismo algo negativo en la medida que este acompañado del crecimiento económico de la actividad privada que es la que sustenta económicamente sus políticas públicas. Esto es lo que sucede en países como Alemania, Canadá, Taiwán o Dinamarca en donde la administración y el gasto público crecen constantemente porque la sociedad genera más riqueza y puede aportar mayores recursos al Estado a través de sus impuestos. El problema que ocasiona el crecimiento de gasto estatal es cuando no existen recursos genuinos para solventar sus gastos y se apela a la inflación. 

En nuestro país, aunque los funcionarios suelen prometer que habrá austeridad pública y emprenderán acciones para reducir el déficit –hasta el presente– ningún gobierno ha podido doblar el brazo al Estado deficitario y a los beneficiarios del gasto público. 

Son muchas las fuerzas terrenales –no celestiales– que se abroquelan para impedir los cambios que se requieren para achicar los gastos del Estado a fin de ajustarlos al ingreso aportado por los contribuyentes. 

Por esa razón, mientras se escucha a algunos dirigentes nacionales que el Estado argentino, en todas sus jurisdicciones, debe terminar con su crónico déficit, los poderes corporativos terrenales constituidos por sindicatos, políticos, empresas y organizaciones sociales, junto al gran número de beneficiarios que reciben una prebenda del Estado, se oponen a que se lleve adelante cualquier Reforma que afecte sus intereses. Mientras el discurso político y social, como consecuencia de la hiper inflación ocurrida en 2023 y el triunfo presidencial de Javier Milei, sostiene que es prioritario lograr el equilibrio fiscal en el escenario económico no se observan cambios en ese sentido. Por un lado, dada la fuerte presión impositiva la evasión social no se ha modificado con lo cual los recursos públicos no crecen. Por el otro, a pesar de las intenciones del actual gobierno no se ha logrado reducir de manera significativa y estructural el gasto público. Sindicatos, políticos, legisladores, gobernadores, funcionarios, empresarios y organizaciones sociales no están dispuestos a retroceder un centímetro en sus conquistas, privilegios, prebendas y derechos adquiridos. Por el contrario, quieren mayores beneficios por parte del Estado sin preocuparse si con sus demandas incrementan el déficit público, la inflación y el endeudamiento con el FMI a quien no dejan de repudiar. 

Teniendo en cuenta la sobredimensionada estructura del Estado argentino, que absorbe impositivamente cerca del 50% del PBI sin que esos ingresos le alcance para equilibrar sus gastos, es fundamental que se lleve adelante una profunda reforma integral del Estado. Una reforma integral que incluya a la administración estatal, las cuentas públicas, la revisión de las partidas presupuestarias y un cambio sustancial en régimen tributario. 

La economía argentina no puede seguir sosteniendo un Estado sobredimensionado, ineficiente, deficitario e impulsor de la inflación. Es necesario reestructurar la administración pública reduciendo ministerios, secretarías, direcciones y empleados al tiempo que hay que desprenderse de empresas estatales que esconden su ineptitud y déficit envolviéndose en la bandera nacional como si fueran la Patria misma. 

La Reforma integral a la economía pública también debe reformular los objetivos y medios operativos instrumentados para otorgar los planes sociales, subsidios, prebendas y erogaciones dado que se han convertido en cajas de la política y fuente de corrupción. Finalmente, la Reforma del Estado debe incluir la suspensión de la estabilidad laboral de los empleados públicos y el régimen indemnizatorio vigente que ha anquilosado negativamente a la burocracia pública llenándola de ñoquis y parásitos que cobran sin trabajar. 

El Estado argentino si quiere dejar de ser una carga para la sociedad productiva necesita ser reformado profundamente para terminar con su estructura ineficiente, despilfarradora, promotora de corrupción y sostén de las corporaciones sindicales, sociales y empresariales que logran beneficios que no les corresponde.

 Es necesario que los dirigentes y toda la sociedad colaboren en controlar y eliminar la conducta compulsiva de los gobiernos de gastar por encima los recursos que se dispone. Asimismo, impulsen una reforma al sistema tributario para que los impuestos no sean un castigo a la producción, el trabajo y el consumo sino que sean una herramienta idónea para el crecimiento económico de la actividad privada. Una vez que la desorganizada, ineficiente, corporativa, inflexible, anquilosada y corrupta administración pública haya logrado la eficiencia deseada y obtenido un equilibrio fiscal habrá desaparecido el fantasma inflacionario y el Estado podrá cumplir de manera eficiente con los objetivos por el cual los contribuyentes pagan sus impuestos.